Search
Close this search box.

REVOLUCIONANDO EL LITIGIO: LA URGENCIA DE MODERNIZAR LA PROMOCIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Abogado venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1981. Doctor en Derecho y profesor de pregrado y postgrado de Derecho penal y procesal penal en la misma Universidad. Exjuez asociado en los Tribunales penales, de primera y segunda instancia, en Caracas. Abogado litigante con cuarenta años de experiencia. Autor de nueve libros. Ponente y expositor en más de cien conferencias a nivel nacional e internacional. Acreedor de numerosos reconocimientos por su actividad académica y profesional

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Abogado venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1981. Doctor en Derecho y profesor de pregrado y postgrado de Derecho penal y procesal penal en la misma Universidad. Exjuez asociado en los Tribunales penales, de primera y segunda instancia, en Caracas. Abogado litigante con cuarenta años de experiencia. Autor de nueve libros. Ponente y expositor en más de cien conferencias a nivel nacional e internacional. Acreedor de numerosos reconocimientos por su actividad académica y profesional

En plena era digital,  la gran mayoría de abogados litigantes aún promueven pruebas electrónicas impresas en papel y  no en su formato digital original, que es lo que se impone en el ejercicio profesional contemporáneo.

Los correos electrónicos suelen imprimirse para su promoción en juicio, pese a que la jurisprudencia venezolana emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia los considera meras copias  fotostáticas simples, lo que necesariamente obliga al promovente a demostrar su autenticidad si son impugnados.

Así, en la Sentencia Nº RC.000105 del 7 de marzo de 2018, se señala lo siguiente:

“… la Sala ha establecido que la información contenida en un mensaje de datos reproducida en un formato impreso, posee el mismo valor probatorio al que tienen las copias o reproducciones fotostáticas simples, así, debe entenderse su eficacia probatoria, idéntica al tratamiento aportado por el legislador a los documentos privados simples, por lo que el mensaje de datos impreso tendrá la eficacia probatoria de las copias o reproducciones fotostáticas y su contenido podrá ser desvirtuado a través de cualquier otro medio de prueba regulado de conformidad a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual, al dársele la eficacia probatoria de las copias o reproducciones fotostáticas y hallarse bajo las regulaciones previstas en el antes referido artículo [4º de la Ley de Mensaje de Datos y firmas Electrónicas], si las mismas no son impugnadas en la contestación de la demanda; dentro de los cinco (5) días siguientes de producida la contestación de la demanda, o dentro de los cinco (5) días siguientes de la promoción de pruebas, dichas copias o mensajes de datos se tendrán como fidedignas. En consecuencia no tendrán valor alguno si se acompañan en cualquier otra oportunidad y no son aceptadas expresamente por la otra parte. (Vid. Sentencia N° 274, de fecha 30 de mayo de 2013, expediente N° 2012-594, caso: Orión Realty C.A., contra Franklin Del Valle Rodríguez Roca)…”. (Corchetes propios).

Esta inveterada metodología, vetusta actualmente,  ha tenido impacto significativo en la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal de Venezuela, pues, sin excepción, la totalidad de las sentencias dictadas por dicha Sala  en los últimos diecisiete años sobre correos electrónicos, están referidas a aquellos promovidos en su formato impreso.

Entre tales sentencias, podemos citar las siguientes: 1) Nº RC.000769 del 24 de octubre de 2007; 2) Nº RC.000460 del 5 de octubre de 2011; 3) Nº RC.000274 del 30 de mayo de 2013; 4) Nº RC.000105 del 7 de marzo de 2018; 5) Nº RC. 000498 del 8 de agosto de 2018; y, 6) Nº RC.00779 del 9 de diciembre de 2021.

Y ello a pesar de que el artículo 7 de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas de Venezuela implícitamente invita a promover el mensaje de datos (como lo es el correo electrónico), en su “forma original”, que no es más que su formato nativo digital, al establecer que:

“Cuando la ley requiera que la información sea presentada o conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos si se ha conservado su integridad y cuando la información contenida en dicho Mensaje de Datos esté disponible. A tales efectos, se considerará que un Mensaje de Datos permanece íntegro, si se mantiene inalterable desde que se generó, salvo algún cambio de forma propio del proceso de comunicación, archivo o presentación”.

Sin embargo,  no hemos ubicado ni una sola sentencia de  la Sala de Casación Civil del TSJ en la que, en el caso controvertido, se hayan promovido los correos electrónicos en su formato nativo o digital.

De manera que Venezuela no cuenta con una doctrina jurisprudencial referida al valor probatorio de los mensajes de datos en general (correos electrónicos, chats de WhatsApp o Telegram, mensajes de texto SMS, etc.), cuando son promovidos en su formato digital o nativo, que es lo que se impone en ejercicio profesional de hoy en dia.

Dicho sea de paso, en cuanto a los chats de WhatsApp, en el caso de la  sentencia Nº RC.000709 del 10 de noviembre de 2023, de la misma Sala de Casación Civil (que es el único que conocemos relacionado con ese tipo de mensajes de datos), también se promovieron impresiones en papel de las capturas de pantalla de los chats, a los que se le dieron pleno valor probatorio por no haber sido impugnados ni desconocidos con la contraparte.

Distinta es la situación en  Colombia, pues la Corte Constitucional, en la sentencia C-604 de 2016, estableció que:

“[…]  solo puede considerarse mensaje de datos el documento que es aportado al proceso judicial en el mismo formato que fue recibido o generado. Si la información originalmente creada en un medio electrónico o similar es anejada en documento físico, ‘el elemento material probatorio resulta modificado y se convierte en una mera reproducción de su original’, por lo tanto, deberá someterse a las reglas de valoración de los documentos. Quiere decir lo anterior que la fuerza probatoria de los mensajes de datos cuando son presentados en físico no se invalida, sino que debe someterse a los parámetros que exija el estatuto procesal para dilucidar el valor suasorio de las pruebas documentales”.

Tal interpretación de la Corte Constitucional, está acorde con lo establecido en el inciso  segundo del artículo 10° de la Ley 527 de 1999, al referir que: “[…] en toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original”. Este artículo, por lo demás, es similar al artículo 4º de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas venezolana.

Igualmente, la misma Corte Constitucional, en la sentencia T-467/22  estableció que:

“[…] las copias impresas de los mensajes de datos son medios de convicción que deberán ser valorados según las reglas generales de los documentos y las reglas de la sana crítica, y su fuerza probatoria dependerá del grado de confiabilidad que le pueda asignar el juez atendiendo a las particularidades de cada caso. La confiabilidad se determina por la (i) autenticidad, entendida como la identificación plena del creador del documento, es decir, la certeza que debe tener el juzgador respecto de la persona a quien se le atribuye la autoría del documento; y por (ii) la veracidad de la prueba, esto es, la correspondencia con la verdad de la declaración o representación del hecho allí expresados”.

De todo lo anterior se sigue que, si bien la presentación en papel de un mensaje de datos no se invalida por ello, sí implica una modificación sustancial de su naturaleza. Esto requiere que sea valorado conforme a las reglas generales aplicables a los documentos físicos, lo que puede afectar la fuerza persuasiva que podría tener en su formato electrónico original. La sentencia T-467/22 subraya que la fuerza probatoria de tales impresiones dependerá del nivel de confianza que el juez asigna basándose en la autenticidad y la veracidad de los hechos representados en el documento.

Y es que es lógico que el formato digital  del correo electrónico  tenga un valor probatorio superior al  mero formato impreso en papel , toda vez que el formato nativo digital  (.EML) de un correo electrónico descargado desde una aplicación de correo electrónico, como por ejemplo gmail, incluye una serie de cabeceras y metadatos que son cruciales para su autenticidad y trazabilidad, como por ejemplo: la fecha y hora de creación y envío; la información del emisor y receptor, como nombres y direcciones de correo; el Asunto del correo; los Protocolos de autenticación como SPF, DKIM y DMARC, que verifican la fuente legítima del correo y que el contenido no ha sido alterado, los cuales forman parte de la Información de Ruta del correo, constituida por una serie de datos como fechas, horas, direcciones de correo y secuencias numéricas que reflejan el camino del mensaje a través de los servidores y ayudan a rastrear su origen y confirmar si ha sido entregado correctamente.

Imprimir en papel los correos electrónicos y las fotos de los pantallazos de WhatsApp o de cualquier otros mensaje de datos, es, hoy por hoy, ineficiente y anticuado.

Además, es un craso error, pues al imprimir, despojas a  los documentos electrónicos de su naturaleza  digital, perdiendo por completo metadatos  vitales y otros elementos asociados para acreditar su autenticidad e integridad.

Los documentos electrónicos deben promoverse en su formato nativo original, con los debidos resguardos de seguridad, sin perjuicio de que se presente su impresión en papel como complemento.

Es esencial adaptarse y adoptar las mejores prácticas de manejo de pruebas electrónicas, promoviéndolas en su formato nativo digital en dispositivos de almacenamiento óptico (CD o DVD) para su debida admisión y subsiguiente valoración en juicio.

También te podría interesar...

Te convertimos de abogado común a abogado digital.