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DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y JUSTICIA DIGITAL EN MÉXICO

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Abogado venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1981. Doctor en Derecho y profesor de pregrado y postgrado de Derecho penal y procesal penal en la misma Universidad. Exjuez asociado en los Tribunales penales, de primera y segunda instancia, en Caracas. Abogado litigante con cuarenta años de experiencia. Autor de nueve libros. Ponente y expositor en más de cien conferencias a nivel nacional e internacional. Acreedor de numerosos reconocimientos por su actividad académica y profesional

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Abogado venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1981. Doctor en Derecho y profesor de pregrado y postgrado de Derecho penal y procesal penal en la misma Universidad. Exjuez asociado en los Tribunales penales, de primera y segunda instancia, en Caracas. Abogado litigante con cuarenta años de experiencia. Autor de nueve libros. Ponente y expositor en más de cien conferencias a nivel nacional e internacional. Acreedor de numerosos reconocimientos por su actividad académica y profesional

La digitalización es el proceso de convertir información analógica (física) en información digital (electrónica). Es transformar cosas como documentos, imágenes, videos y sonidos en formatos que puedan ser almacenados, procesados y transmitidos por computadoras y dispositivos digitales.

Al estadounidense Nicholas Negroponte, autor del libro “Ser Digital” (1995)  y pionero en la tecnología digital y su defensa de la transformación digital, se le atribuye la frase «todo lo que pueda ser digitalizado lo será».

En su obra, Negroponte detalla cómo la digitalización revoluciona la sociedad, alterando profundamente nuestros modos de vida, trabajo y comunicación.

Argumenta que la digitalización es una fuerza transformadora que incide en todos los ámbitos de la vida, como la educación, la cultura, la economía y la política. Describe cómo la información digital puede representarse y transmitirse de manera más eficiente que la información analógica.

Prevé la convergencia de medios separados, como la televisión, la telefonía y la computación,  anticipando así la era de los dispositivos multifuncionales como los smartphones que se desarrollaron a partir del 2000.

En resumen, «Ser Digital» es una obra  clave que aborda el impacto significativo  en la sociedad de la tecnología de la información debido a la digitalización.

Y este impacto de la digitalización era lógico que tuviera eco en el ámbito de la justicia, un pilar esencial en cualquier sociedad, surgiendo así el concepto de “digitalización de la justicia”, que implica la integración de tecnologías digitales en los sistemas judiciales para mejorar su alcance, agilidad y claridad.

Este proceso abarca diversos aspectos, tales como  la gestión electrónica de expedientes, la digitalización de documentos y su presentación en línea, la realización de audiencias virtuales,  la implementación del uso de firma digital o firma electrónica avanzada y  la certificación electrónica.

Igualmente, el desarrollo de plataformas especializadas para la gestión integral de casos judiciales, incluyendo  funcionalidades como calendario de audiencias, notificaciones electrónicas y  seguimiento de casos, entre otros.

Del mismo modo, el acceso a la información judicial en línea, que consiste en la puesta a disposición del público de información judicial relevante a través de portales en línea, permitiendo un mayor acceso a la justicia y transparencia en los procesos judiciales.

Estos elementos son fundamentales para la modernización y eficiencia del sistema judicial a través de la digitalización y todos forman parte de la “Justicia Digital”, que, en términos generales, está referida al uso de las tecnologías de comunicación e información para mejorar y agilizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la administración de justicia.

Estamos siendo testigos de  la transición hacia un sistema pleno de Justicia Digital, en el cual los procesos procesos judiciales, y no solo una parte de ellos o aspectos puntuales de los mismos (v.gr., presentación en línea de  escritos o promociones, uso de firmas electrónicas o celebración de una determinada audiencia virtual), puedan desarrollarse íntegramente en línea, sin la presencia física del juez y de las partes. Es la  adaptación de los procesos judiciales hacia el entorno digital, de principio a fin.

Y ha sido México el primer país Latinoamericano que ha dado un paso firme y decidido en esa transición, al  incorporar en su novísimo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de junio de 2023, el Libro Octavo, referido a la Justicia Digital.

Además, al incluir herramientas tecnológicas como el blockchain y el metaverso y legislar con bastante amplitud sobre las pruebas electrónicas, México abre un nuevo capítulo en la administración de justicia, promoviendo una mayor eficiencia, accesibilidad y transparencia en los procesos judiciales, beneficiando tanto a los operadores jurídicos como a los ciudadanos. Es un ejemplo a seguir.

El referido Libro Octavo establece las bases para tramitar procesos judiciales civiles y familiares en línea, aprovechando las tecnologías de la información y las herramientas propias de la digitalización de la justicia.

Relevantes principios rigen la Justicia Digital en México: la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica, la elegibilidad y la seguridad de la información, que se erigen en  sus pilares fundamentales.

La equivalencia funcional o no discriminación, asegura la validez de documentos electrónicos y firmas digitales o electrónicas avanzadas al mismo nivel que los documentos impresos y firmas autógrafas.  La neutralidad tecnológica, por su parte, implica la no preferencia por alguna tecnología específica.  En artículo anterior desarrollamos estos dos principios con mayor profundidad y al mismo nos remitimos.

El principio de elegibilidad (art. 935), permite a las partes involucradas en un proceso judicial optar voluntariamente por la modalidad digital y en línea para tramitar sus procedimientos. La elección por la tramitación digital puede realizarse desde el inicio del proceso o en cualquier etapa del mismo.  Este principio de avanzada flexibiliza la administración de justicia y se adapta a las necesidades y preferencias de las partes.

En cuanto a la seguridad de la información (arts. 968 al 973), este principio se refiere a la necesidad de proteger la información contra el acceso, uso, divulgación o modificación no autorizados, lo que resulta esencial para mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos en el Sistema de Justicia Digital.

Incluye el uso de firmas digitales o electrónicas avanzadas, la autenticación y la preservación de registros digitales, asegurando que los Sistemas de Justicia Digital sean confiables y seguros.

Por lo demás, el “Sistema de Justicia Digital” está definido en la Fracción XXXV del art. 2 del CNPCF en los siguientes términos:

“Todo dispositivo electrónico, programa de cómputo, aplicación, herramienta tecnológica o plataforma electrónica, propiedad del Poder Judicial o de terceros, que sea utilizada para consultar, usar, enviar o llevar a cabo procedimientos en línea, audiencias virtuales, diligencias virtuales, expedientes electrónicos, firmas electrónicas, mensajes de datos, documentos electrónicos o digitalizados, promociones electrónicas, salas virtuales y videoconferencias”.

Los cuatro principios comentados aseguran que el Sistema de Justicia Digital mexicano sea accesible, justo y brinde la misma validez legal a los procesos digitales que a los tradicionales, sin discriminación por la elección de la modalidad de tramitación.

En fin, la implementación de la Justicia Digital en México se ha convertido en un faro para América Latina, evidenciando un avance significativo en la modernización de su sistema de justicia. No es solo una cuestión de progreso tecnológico, es un salto hacia una justicia más asequible, eficaz y transparente.

Este liderazgo mexicano demuestra cómo las tecnologías digitales pueden robustecer el estado de derecho y facilitar el acceso a la justicia, una prioridad en la coyuntura actual de la región.

No obstante, la adopción de sistemas judiciales digitales no está exenta de desafíos, en especial en lo referente a la seguridad cibernética y la protección de datos. Asumir estos retos es vital para conservar la confianza en la Justicia Digital.

Además, la digitalización, si bien promueve la accesibilidad, también puede intensificar la brecha digital. Es crucial que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a las tecnologías para evitar desigualdades en la justicia.

La evolución hacia sistemas judiciales digitales demanda un cambio profundo en la cultura organizativa, requiriendo que los operadores jurídicos se capaciten en nuevas habilidades y conocimientos, particularmente en lo que respecta al manejo de pruebas electrónicas.

Aunque la digitalización optimiza la transparencia y la celeridad procesal, enfrentar estos desafíos es esencial para la viabilidad a largo plazo del sistema. Una inversión sostenida en infraestructura y una labor continua de capacitación y “alfabetización digital” será decisiva para triunfar sobre estos obstáculos.

En conclusión, México está marcando la pauta hacia la justicia del futuro en América Latina. Su compromiso con la Justicia Digital sienta precedentes importantes para todos los países latinoamericanos, destacando la necesidad de una evolución constante y de fortalecimiento de las capacidades judiciales en la era digital.

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