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¿SE PUEDE ACCEDER A LOS MENSAJES SMS, IM Y MMS DEL CELULAR DE UN FALLECIDO SIN INFRINGIR EL DERECHO AL SECRETO E INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIOES PRIVADAS?

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Abogado venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1981. Doctor en Derecho y profesor de pregrado y postgrado de Derecho penal y procesal penal en la misma Universidad. Exjuez asociado en los Tribunales penales, de primera y segunda instancia, en Caracas. Abogado litigante con cuarenta años de experiencia. Autor de nueve libros. Ponente y expositor en más de cien conferencias a nivel nacional e internacional. Acreedor de numerosos reconocimientos por su actividad académica y profesional

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Abogado venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1981. Doctor en Derecho y profesor de pregrado y postgrado de Derecho penal y procesal penal en la misma Universidad. Exjuez asociado en los Tribunales penales, de primera y segunda instancia, en Caracas. Abogado litigante con cuarenta años de experiencia. Autor de nueve libros. Ponente y expositor en más de cien conferencias a nivel nacional e internacional. Acreedor de numerosos reconocimientos por su actividad académica y profesional

Algunas consideraciones sobre la licitud e ilicitud de la prueba electrónica a la luz de un caso práctico

Para dar respuesta a la interrogante planteada, es necesario revisar, en primer lugar, el contenido del artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la prueba ilícita, el cual establece que: “Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código”; añadiendo en su único párrafo: 

“No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos”. 

Es importante señalar que el transcrito artículo es aplicable indistíntamente a cualquier información (fuente o dato de prueba) que emane de una evidencia física (con soporte material) o de una evidencia digital (con soporte electrónico). Además, es preciso tener en cuenta el exacto contenido y alcance de los siguientes términos: 

a) “Correspondencia”: hace referencia a las comunicaciones escritas tradicionales, v.gr., las cartas, los Memorandums, las postales, los oficios, etc., al igual que a las comunicaciones escritas electrónicas, v.gr., las que se realizan a través de mensajes de texto o SMS (Short Message Service), mensajes de texto instantáneos o IM (chats), que no necesitan de las redes telefónicas tradicionales para poder funcionar, pues lo hacen a través de la tecnología “wifi”, y se verifican a través de aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts y Telegram entre otras; y mensajes de texto multimedia o MMS (Multimedia Messaging Service), que permite a los teléfonos móviles celulares enviar y recibir contenidos multimedia, incorporando sonido, video o fotos.

b) “Comunicaciones”: abarca a todas aquellas habladas, orales o verbales, no solo las tradicionales, que se realizan a través de la línea teléfónica tradicional (conexión alámbrica), sino también las electrónicas, esto es, las realizadas a través de teléfonos móviles celulares y demás dispositivos electrónicos que permiten la comunicación entre dos o más personas (conexión inalámbrica, vía internet y wifi), incluyendo las notas de voz o voice message

Las comunicaciones electronicas (escritas o habladas), pueden ser sincrónicas o simultáneas y las asincrónicas o no simultáneas. Las  primeras permiten el intercambio de información por internet en tiempo real, como los IM o chats y los SMS,  en tanto que las asincrónicas permiten el intercambio de comunicación por internet, pero de forma no simultánea, donde se ubican los correos electrónicos. 

c) “Papeles y archivos privados”: incluye no solos los contenidos en soportes físicos, como un documento tangible plasmado en una hoja de papel, sino también en soportes digitales, como los documentos electrónicos. 

Ahora bien, a la luz de la transcrita disposición, y tomando en cuenta que el artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza  el “secreto e inviolabildad de las comunicaciones privadas en todas sus formas (tradicionales o electrónicas, escritas o habladas), cabe preguntarse: 

¿Es ilícita la obtención de mensajes SMS, IM y MMS contenidos en el celular de una persona fallecida por parte de sus herederos sin contar con autorización juicial, habida cuenta a la privacidad y secreto que ampara a las comunicaciones privadas?

Para responder a la anterior interrogante, analizaremos el asunto planteado a la luz de la Sentencia 850/2014 del 26 de noviembre, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo Español, con ponencia del Magistrado Candido Conde-Pumpido Touron, que trató especialmente el punto.

LOS HECHOS:

Entre el 2011 y el 2012, varios acusados (siete en total) se vinieron dedicando a la venta y distribución de sustancias estupefacientes  (cocaína, cannabis sativa y heroina), a terceras personas consumidores de esas sustancias, en muchas ocasiones menores de edad.

En la mayoría de los casos, Casilda era la organizadora de los encuentros sexuales y fue estableciendo relación de amistad creciente con varias chicas menores de edad. Posteriormente, les ofrecía sustancias estupefacientes y, finalmente, les proponía aceptar mantener relaciones sexuales con hombres mayores a cambio de drogas o de dinero para adquirirlas, quienes solicitaban de la acusada Casilda que les buscase chicas menores para mantener relaciones sexuales por precio.

De este modo, Casilda perpetró los actos anteriormente reseñados con la menor Tamara, de 16 años de edad en la fecha de los hechos, y, a sabiendas de su minoridad,  le suministró cocaína en varias ocasiones o la compartió con ella en otras, convenciendo igualmente a Tamara para mantener relaciones sexuales, con el Fabio

En el final de la primavera y principio de verano de 2011, Tamara tras compartir cocaína con su amiga Santiaga, de 15 años de edad en la fecha de los hechos, y confiar a ésta su actividad sexual a cambio de dinero o droga, le manifestó que uno de sus clientes habituales, Fabio, quien la había visto junto a Tamara en alguna ocasión, deseaba mantener relaciones sexuales con ella a cambio de dinero y/o droga. 

Justo, por su parte, conoció a Tamara a finales del verano de 2011, intercambiando sus teléfonos.  Al menos, en una ocasión entre finales del verano de 2011 y la fecha del fallecimiento de Tamara, Justo y Tamara mantuvieron una relación sexual completa, con penetración vaginal, a cambio de un gramo de cocaína para Tamara, conociendo Justo que Tamara era menor de edad, entregando Justo medio gramo de cocaína a Casilda por mediar en la cita entre él y Tamara .

El día 25 de septiembre de 2011, sobre las 23:00 horas, se produjo el fallecimiento de la menºor Tamara en el portal del edificio del domicilio de sus padres, Pedro Enrique y Valle, debido a una reacción adversa al consumo de tóxicos, siendo su cadáver encontrado por sus propios padres. En la tarde del día de su fallecimiento, Tamara había consumido cocaína con los Casilda y Fabio.

EL FALLO CONDENATORIO DICTADO POR LA INSTANCIA:

Casilda fue condenada por Facilitación de Sustancias estupefacients a una menor de edad,  a la pena de 7 años y 6 meses de prisión y por  Inducción a la prostitución en perjuicio Tamara, a la pena de 3 años de prisión. Y por los mismos delitos y a las mismas penas, en perjuicio de SantiagaFabio y Justo fueron condenados igualmente como autores responsable de idénticos delitos, aunque a penas mayores. 

La sentencia condenatoria fue dictada en fecha 18 de febrero de 2014 por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, y contra la misma ejercieron recursos de casación varios de los acusados, de entre los cuales destacaremos exclusivamente el presentado por la representación de Justo, por ser el que es menester analizar dentro del presente contexto. 

EL RECURSO DE CASACIÓN EJERCIDO POR LA DEFENSA

La defensa  de Justo formalizó su recurso alegando, entre otras cosas,  la infracción de precepto constitucional, al haberse vulnerado el derecho a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones del artículo 18 de la Constitución Española; al igual que la infracción de precepto constitucional, al haberse vulnerado el principio de presunción de inocencia, del artículo 24 de la misma Constitución. 

COMENTARIO: Es doctrina jurisprudencial reterada del Tribunal Supremo Español,  que la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia le permite constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; y, d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL FALLO DEL TSE:

1. Según el recurrente, la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal se habría producido: 

“… al extraer los progenitores de la menor fallecida los mensajes de SMS recibidos por ésta en su terminal telefónico, con la ayuda de un tercero y sin autorización judicial, siendo a través de estos SMS como se obtiene el número de teléfono del recurrente, que posteriormente es intervenido con autorización judicial. Señala la parte recurrente que es a partir de esta prueba como se obtienen todos los datos que incriminan a este acusado, ahora condenado y recurrente, se justifica la entrada y registro en su domicilio, se ocupa la droga, etc, por lo que la totalidad de la prueba de cargo se encuentra viciada por su conexión de antijuridicidad con la prueba inicialmente obtenida de forma ilícita”. (Punto SÉPTIMO del fallo). 

1.1. COMENTARIOS: El alegato del recurrente consiste en señalar que, como los mensajes SMS fueron obtenidos ilegalmente, y, a través de estos, se obtuvieron datos incriminatorios en su contra, que permitieron posteriormente una entrada y registro (allanamiento) en su domicilio y una intervención telefónica, todo ello estaría viciado por su conexión con la prueba originaria ilícita, es decir, los mensajes SMS obtenidos vulnerando derechos fundamentales.

Es evidente que la defensa planteó en su recurso, la famosa doctrina del Fruto del Árbol Envenenado (“Fruit of poisonous tree doctrine”), que sostiene, gráficamente hablando que: “el vicio de la planta se transmite a todos sus frutos”, por lo que estos resultan igualmente viciados o contaminado. 

2. Agrega además el recurrente que:

“… los mensajes fueron enviados por Justo a Tamara, y viceversa, y se encontraban guardados en el terminal telefónico de ésta, porque solo a ella iban dirigidos, y solo entre ellos se mantenía la comunicación. No existió exteriorización de dichas comunicaciones por ninguno de los interlocutores, y el acceso a las mismas se produjo, según declaró una testigo en el juicio, porque los padres de Tamara , estando ésta ya fallecida, llevaron el teléfono móvil de la menor a un informático para que extrajese los mensajes”. (Punto SÉPTIMO del fallo). 

2.1. COMENTARIOS:  Esboza aquí el recurrente que se trataba de mensajes privados  (SMS) los que se enviaron Justo y Tamara, y que no fue ninguno de los dos como interlocutores (lo únicos con derecho a ello), quienes exteriorizaron las comunicaciones, sino que ello ocurrió por terceros, que vendrian a ser los padres de la menor fallecida, quienes accedieron a ese contenido privado a través de una prueba pericial realizada por un experto en informática; por lo que, siendo así, devendría en ilícito el mensaje SMS que permitió su incirminación. Téngase en cuenta que, hoy por hoy,  y aún cuando ha existido cierta discrepancia respecto a la posibilidad de emplear una correspondencia (como lo es un mensaje SMS o un chat de WhatsApp) sin el consentimiento del remitente, se ha dicho, con razón, que  entre las partes en litigio no hay secretos, por lo que no es necesario contar con la aprobación o consentimiento del remitente para su incorporaciòn como prueba en juicio.

Por lo tanto, apunta Bielli, “si la prueba es presentada por el titular del aparato al cual se le remitió el contenido y él, a su vez, es parte de la comunicación (remitente de algunos mensajes y destinatario de otros), no se discute su legalidad, siempre que de los textos en cuestión no surja expresa ni implícitamente el carácter de confidencial. (Bielli y Ordoñez, 2019, p.554).

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional español, en su sentencia 114/1984, ratificada por muchas otras posteriores, donde ha  dejado sentado que: 

«Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 CE; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. Si uno no es parte en la conversación estará vulnerando un derecho fundamental, reconocido en el art. 18.3 de la CN, pero quien graba las palabras que un tercero le dirige no está realizando por ese solo hecho ilícito alguno. Cuestión diferente sería si esa conversación se divulga y la intromisión que pueda suponer en la esfera de la persona cuyas palabras se han recogido». 

3. En el punto OCTAVO del fallo in comento, se lee: 

“La intervención de las comunicaciones telemáticas carece de regulación legal expresa en nuestro ordenamiento procesal penal, lo que es preciso subsanar con la máxima urgencia, dada la relevancia de los derechos fundamentales e intereses generales en conflicto. La doctrina jurisprudencial ha realizado un considerable esfuerzo para subsanar este déficit, que afecta a la calidad democrática de nuestro sistema de investigación penal, por la vía de la asimilación de las comunicaciones telemáticas al régimen de las intervenciones telefónicas, lo que implica, con carácter general, la exigencia de autorización judicial sujeta a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad necesidad y proporcionalidad de la medida”.

COMENTARIOS:  En Venezuela, no existe tampoco una ley que regule de manera especial la intervención de las comunicaciones telemáticas (que es lo aconsejable, dadas sus particulares características), y, por tanto, se les aplica a estas -al igual que sucede en España base a doctrinas jurisprudencias sobre la materia- las normas correspondientes a las intervenciones telefónicas. Y aun cuando es cierto que el artículo 205 del COPP establece que: “Podrá disponerse igualmente, conforme a la ley, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier otro medio…”, este artículo está referido a las comunicaciones habladas o verbales, pero no a las escritas; y la expresión “realizadas por cualquier otro medio”, se refiere a cualquier otro medio (incluyendo los electrónicos o telemáticos) de transmisión de la voz, pero no de la escritura. De hecho, la ley a la que se refiere el transcrito artículo es la vetusta Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones (orales, verbales o habladas) del 16-12-1991, pero no a las comunicaciones escritas, cuya tutela está cargo de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos del 30-10-2001 (G.O. Nº 37.313), en sus artículos 20, 21 y 22. 

4. A renglón seguido, se lee en el mismo punto OCTAVO del fallo bajo análisis:

“En el caso actual, sin embargo, no nos encontramos ante este supuesto. La prueba de cargo que fundamenta la condena del recurrente no procede de la intervención de sus comunicaciones telemáticas, sino de una intervención telefónica acordada judicialmente por auto de 17 de enero de 2012, y debidamente motivada por remisión a un oficio policial previo.

En este oficio se expone ampliamente que una testigo (Santiaga), amiga de la menor fallecida Tamara, en la declaración prestada el 29 de diciembre de 2012, manifestó que Tamara, una semana antes de morir, le dijo que había conocido a un chico llamado Justo, a través de Casilda, y que Justo le había proporcionado a Casilda cocaína por haberle conseguido a Tamara, y a su vez le proporcionaba cocaína a la propia Tamara por acostarse con él.

Estos hechos ponen de relieve la utilización de estupefacientes para la inducción a la prostitución de menores de edad, una actividad delictiva de acentuada gravedad, y constituyen una base fáctica suficiente para justificar por si mismos la intervención telefónica del supuesto responsable, Justo. En consecuencia, la intervención telefónica de la que se derivan las pruebas de cargo en las que se fundamenta la condena del recurrente, tiene su apoyo en una base fáctica suficiente, independiente de los SMS localizados por los progenitores de la menor”.

COMENTARIOS: En este pasaje del fallo, queda claramente establecido que no existió relación de causalidad o conexión de antijuricidad entre los SMS obtenidos del celular de la menor fallecida, de cuyos mensajes habría salido la información “ilícita” que, según la defensa de Justo, sirvió de base para recabar la información que permitió allanar su domicilio donde se incautó droga e intervenir sus teléfonos, toda vez que, como señala el fallo, la información que permitió el allanamiento y la intervención de sus comunicaciones (erigidas en pruebas de cargo en contra de Justo), se obtuvo de través del testimonio de Santiaga, totalmente desconectado de los SMS, es decir, proveniente de una fuente independiente a los chats entre Justo y Tamara, por lo que, aún de haber sido considerados estos prueba ilícita, estos no hubiese tenido ninguna incidencia en el allanamiento practicado en el domicilio de Justo, ni tampoco en la intervención de su teléfono.

Se trata de una de las excepciones a la “fruit of poisonous tree doctrine”, conocida con el nombre de independent source, conforme a la cual en aquellos casos en que falte la necesaria relación de causalidad directa entre la prueba inicialmente lograda de modo ilícito y la prueba derivada lícita, de tal forma que pueda afirmarse que la prueba ha sido obtenida de forma independiente (independent source). En el caso de la sentencia comentada, esa fuente independiente vendría a ser el testimonio de Santiaga. 

5. Inmediatamente, aclara la sentencia en el mismo punto OCTAVO: 

“Estos SMS sirvieron básicamente para localizar los números telefónicos de Justo, que en cualquier caso podrían haberse obtenido por otro medio, una vez que la testigo Santiaga había proporcionado los datos relevantes de la implicación de Justo en tráfico de cocaína, y en la inducción de la menor a la prostitución, utilizando los estupefacientes como incentivo. Debiendo señalar adicionalmente que la testigo proporcionó asimismo los datos fácticos necesarios para localizar e identificar policialmente a Justo entre las relaciones conocidas de Tamara… 

En consecuencia, no cabe estimar que las pruebas derivadas de la intervención telefónica y del registro domiciliario posterior están antijuridicamente conectadas con la obtención de los SMS del terminal telefónico de Tamara, pues la base fáctica relevante para acordar judicialmente dicha intervención telefónica procede de una fuente de prueba independiente, irreprochable constitucionalmente, como lo es la declaración testifical de Santiaga, y el número telefónico del traficante, una vez identificado, podría haber sido obtenido policialmente por otras vías, como es habitual.

COMENTARIOS: Al señalar la sentencia que los SMS del celular de la menor fallecida habían servido básicamente para localizar los número telefónicos de Justo, y agregar de inmediato que, “en cualquier caso podrían haberse obtenido por otro medio”, pareciera estar haciendo referencia a otra de las excepciones aplicables a la teoría del fruto del árbol envenenado o limitaciones al reconocimiento de los efectos reflejos de la prueba ilícita, cual es la del descubrimiento inevitable (inevitable discovery), aplicable a aquellos supuestos en que los datos obtenidos con la misma  (que, en el caso que nos ocupa, serían los SMS del celular de la menor fallecida, caso de considerarse prueba ilícita), de todas formas esos datos se hubiesen descubierto inevitablemente por  otras vías.  

Y cuando hace referencia a que “no cabe estimar que las pruebas derivadas de la intervención telefónica y del registro domiciliario posterior están antijurídicamente conectadas con la obtención de los SMS del terminal telefónico de Tamara”, está haciendo alusión a la teoría de la conexión de antijuridicidad, creada por el Tribunal Constitucional español en la sentencia 81/1998 “para especificar en qué casos puede ser excluida del proceso una prueba obtenida a través de un método lesivo a un derecho fundamental”. 

6. Por último, en el punto NOVENO del fallo en estudio, se lee: 

“En cualquier caso, tampoco cabe estimar que los SMS aportados por los padres de la joven y obtenidos de su terminal telefónico una vez fallecida la menor, constituyan una prueba ilícita. Las copias de los mensajes recibidos y transmitidos por la menor, que pueden ser borrados del terminal una vez leídos pero fueron guardados, equivalen a la correspondencia que pueda ser conservada por la menor entre sus papeles privados. Están obviamente amparados por su derecho constitucional a la intimidad, pero una vez fallecida no son inmunes al acceso por parte de sus herederos legítimos, que conforme a lo dispuesto en el art. 661 del Código Civil, suceden al fallecido, por el solo hecho de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones (…)

En consecuencia, no concurre vulneración alguna del derecho a la intimidad, tanto de la menor (ya fallecida) como del recurrente, por el hecho de que los sucesores legítimos de la joven accediesen a su documentación privada para conocer a los responsables de haberle proporcionado las drogas que acabaron ocasionando su muerte, y en su caso para promover el castigo de los responsables.

Desde la perspectiva del derecho a la intimidad, no constituye una injerencia inconstitucional el acceso proporcional de los padres de la menor fallecida, en su condición de sucesores legítimos en todos sus bienes, derechos y obligaciones, a sus documentos privados. Y desde la perspectiva del derecho al secreto de las comunicaciones del recurrente, es sabido que el art. 18 CE no garantiza el secreto de los pensamientos que una persona ha transmitido a otra, por lo que el receptor es libre de transmitir estas comunicaciones a terceros. Y en consecuencia, los sucesores legítimos del receptor, titulares de todos sus derechos y obligaciones, pueden asimismo acceder y hacer un uso legítimo y proporcionado de dichas comunicaciones, sin por ello vulnerar ningún precepto constitucional.- El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado”.

COMENTARIOS

En Venezuela, las  sucesiones a título universal, como las originadas por causa de muerte (mortis causa), transfieren a los sucesores (herederos o legatarios), la totalidad los bienes, acciones, derechos, obligaciones, títulos, deudas, etc., de las cuales era titular una persona, a salvo aquellos derechos que, por excepción, son intransmisibles, que debido a su carácter personalísimo, se extinguen por la muerte del titular, como por ejemplo, el derecho de usufructo y el derecho de uso y habitación 

Ello así, porque una de las formas de adquirir la propiedad es “por sucesión”, con conforme lo establece el artículo 796 del Código Civil, el cual define, en su artículo 545, que: “La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.

En consecuencia, no existiendo ninguna restricción legal respecto al derecho de usar, gozar y disponer, de manera exclusiva, de un teléfono móvil celular adquirido vía sucesoral “mortis causa”, es evidente que lo herederos tienen derecho y están plenamente facultados para acceder al contenido del mismo, como ocurriría con cualquier otro dispositivo electrónico del de cujus; cuyo contenido, en el caso de los mensajes SMS, IM y IMM, son documentos electrónicos, en su especie de correspondencia, que pueden ser revisados por los herederos, e, incluso, utilizados en juicio en defensa de los derechos e intereses del propia causante y de los propios herederos, sin que resulte violentado algún derecho constitucional. 

De allí que, debido a que fue legítima la obtención, vía sucesoral, del teléfono celular de la menor fallecida (evidencia electrónica) lo mismo que de los mensajes SMS contenidos en el mismo (evidencia digital), no resultó violentado, por ende, ningún derecho fundamental del de cujus (cuya personalidad jurídica, por lo demás, quedó extinguida por la muerte). En tal virtud, ciertamente no puede sostenerse que los SMS aportados por los padres de la joven y obtenidos de su terminal telefónico una vez fallecida la menor, constituyan una prueba ilícita

Por ello compartimos lo expresado por el fallo en estudio, en el sentido de que  herederos o sucesores legítimos tienen perfecto derecho a acceder a la documentación privada de su causante, especialmente en defensa de su memoria y de los propios derechos e intereses de los sucesores, sin que resulte conculcado ningún derecho fundamental. 

En conclusión:  

Los herederos del titular de un teléfono móvil suceden al fallecido en todos sus derechos, por lo que pueden acceder y usar como prueba sus mensajes de SMS, IM y MMS, al igual que cualesquiera otros enviados por cualquier aplicación aplicación como WhatsApp, Facebook, Telegram, etc., sin que resulten vulnerados los derechos fundamentales a la privacidad o intimidad y secreto de las comunicaciones de ninguno de los intervinientes, aun cuando uno de ellos haya muerto. 

(La sentencia completa se puede leer en:  https://vlex.es/vid/551912818).

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